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Un cardiólogo de Acebal, una localidad santafesina de poco más de 5.000 habitantes ubicada a 70 kilómetros de Rosario, está siendo investigado por la Justicia Federal y el PAMI por una presunta estafa millonaria. La denuncia señala que el médico, junto a un enfermero que sería su pareja, habría facturado más de 50.000 prácticas médicas falsas entre finales de 2023 y principios de 2025, por un monto que supera los 1.000 millones de pesos en apenas 16 meses.
La causa N° 149297/2025 se inició tras una presentación del PAMI en agosto del año pasado, luego de que afiliados de Córdoba detectaran que figuraban como pacientes de este cardiólogo en Santa Fe sin haber viajado a esa provincia. Ante esta irregularidad, la obra social remitió el caso a la Unidad Fiscal PAMI, bajo la responsabilidad del fiscal Javier Arzubi Calvo, quien comenzó la investigación.
Durante los allanamientos realizados, tanto el cardiólogo como el enfermero quedaron detenidos, a pesar de no contar inicialmente con órdenes de arresto. En la vivienda del médico se encontraron cerca de 300 ampollas de fentanilo y morfina, lo que derivó en la apertura de una causa paralela para investigar la procedencia de estos estupefacientes y si eran comercializados en el mercado negro.
El análisis de la facturación mostró que el profesional declaraba haber realizado hasta 300 consultas diarias, una cifra calificada por los investigadores como “materialmente imposible” para un solo médico en una localidad tan pequeña. Además, de los 5.082 afiliados supuestamente atendidos, casi la mitad residían en Córdoba y muchos otros en distintas provincias, desde Tucumán hasta Tierra del Fuego, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra fraudulenta de gran escala.
Para los fiscales, resulta improbable que tantos pacientes de diferentes regiones hayan viajado exclusivamente a Acebal para ser atendidos por este cardiólogo. La mayoría de las prácticas correspondían a afiliados de la UGL 9 Rosario (20.504 atenciones) y la UGL 3 Córdoba (20.216 atenciones), aunque también se detectaron pacientes de Mendoza, Mar del Plata, San Martín, Lanús, Capital Federal, La Plata y otras 30 unidades de gestión local.
Según la denuncia, el médico accedía al sistema informático del INSSJP (PAMI) con su usuario y generaba Órdenes Médicas Electrónicas (OME) falsas a nombre de afiliados de todo el país. Posteriormente, informaba la supuesta realización de dichas prácticas de cardiología para obtener pagos millonarios por parte de la obra social. El 97% de las órdenes fueron generadas por el usuario del acusado, mientras que el resto provino de otros usuarios.
Los investigadores detectaron además un patrón inusual: en 80 fechas distintas, las prácticas facturadas correspondían a afiliados cuyos apellidos comenzaban con la misma letra, como si se siguiera un orden alfabético para generar las órdenes.
La maniobra también incluyó la creación de una SRL junto al enfermero involucrado. Ambos fueron allanados y se secuestró documentación tanto en el consultorio de Acebal como en la residencia del médico en Wheelwright.
Durante los procedimientos, se encontraron en el domicilio del cardiólogo 243 ampollas usadas de fentanilo y 50 ampollas sin usar de morfina, ocultas en una caja fuerte. Este hallazgo incrementó la gravedad del caso y motivó una nueva investigación penal contra ambos profesionales, quienes permanecen detenidos. Además, se incautaron diversos insumos médicos, incluyendo material quirúrgico, vacunas inyectables y medicamentos de uso hospitalario como diclofenac, ketorolaco, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina, hioscina y penicilina.
Los fiscales atribuyen a los acusados el suministro de estupefacientes fuera de los casos terapéuticos autorizados y el ejercicio ilegal de la medicina, cargos que agravan su situación judicial. El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, dispuso la prisión preventiva para asegurar el avance de la pesquisa y evitar posibles riesgos procesales.
La investigación, que ya superó la etapa preliminar en la UFI PAMI y ahora está en la Unidad Fiscal Rosario, busca determinar si hubo defraudación contra la administración pública. Según el expediente, el médico transmitió prácticas por un valor total de $1.014.234.544,20 y cobró $584.162.638,71, con partidas pendientes por más de 148 millones de pesos.
Los fiscales Javier Arzubi Calvo, Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa señalaron que la mayoría de los afiliados involucrados residen en otras provincias, lo que refuerza la sospecha de una maniobra fraudulenta a gran escala. Por su parte, PAMI confirmó a TN que existen investigaciones en etapa inicial contra otros profesionales por irregularidades similares.
Fuentes del organismo aclararon que estas prácticas son recurrentes y que, cuando se detectan irregularidades, se remiten los casos a la Justicia. En situaciones detectadas previamente, se afectaron pagos mediante débitos o se adoptó la retención preventiva de liquidaciones mientras continúan las investigaciones.
El criterio para detectar desvíos consiste en calcular la cantidad máxima de consultas que un profesional puede realizar según las horas de atención declaradas y comparar esa cifra con las prestaciones facturadas. Si existen discrepancias significativas, se disponen auditorías y, en consecuencia, débitos o retenciones preventivas
