SISTEMA NOTICIAS estudiosmax
Una niña de 12 años fue víctima de abuso sexual y quedó embarazada en Santiago del Estero. El 21 de abril, ella y su madre desaparecieron, lo que desencadenó una búsqueda que culminó en una clínica de San Martín, provincia de Buenos Aires. Allí, la terrible historia inicial derivó en un hallazgo aún más escalofriante: se encontraron ocho fetos guardados en bolsas de residuos, tres de los cuales tendrían entre siete y ocho meses de gestación. Este descubrimiento evidencia una trama oscura y compleja que involucra a varias personas, dos ONG y una clínica bajo sospecha.
El fiscal Santiago Bridoux, responsable de la investigación por abuso sexual en Santiago del Estero, señaló sobre el hallazgo que “fueron encontrados en bolsas de consorcio, sin conservación en frío. No actuaron conforme a derecho”.
La víctima y su madre residen en Monte Quemado, un pueblo santiagueño de 12,500 habitantes. En marzo, ante un deterioro en la salud de la niña, la madre la llevó al hospital, donde se confirmó un embarazo en estado avanzado, con fecha probable de parto en mayo. Durante una conversación, la menor confesó que un primo la había abusado sexualmente, motivo por el cual la madre realizó la denuncia correspondiente.
“El 11 de marzo, el hospital de Monte Quemado activó el protocolo por menor embarazada y se remitió la denuncia a mi fiscalía”, explicó Bridoux en diálogo con Clarín. En cámara Gesell, la menor señaló a un primo, pero la Justicia de Santiago del Estero determinó que fueron dos primos los responsables. Ambos mayores de edad, hijos de familiares directos de la madre, tienen pedido de captura por encontrarse prófugos.
Mientras avanzaba la investigación, la niña fue trasladada a La Banda, a 324 kilómetros de Monte Quemado, donde un equipo médico y psicológico brindó atención especializada debido al avanzado estado de gestación. Los profesionales optaron por no realizar un aborto y propusieron que el embarazo continúe para luego dar en adopción al bebé, considerando la vulnerabilidad de la menor y los riesgos de una interrupción tardía.
Según Bridoux, “se buscó que la menor comprenda los riesgos, sin manipulación, respetando sus derechos. La Justicia protege a la víctima, pero no interviene en esas decisiones”.
El 21 de abril, el fiscal recibió un alerta de la Asesoría Legal que informaba la intención de la menor de realizar un aborto, sin detalles sobre el lugar, la fecha o el responsable. Ante dicha incertidumbre, se activaron protocolos para localizar a la niña y su madre.
Las investigaciones condujeron a un contacto vinculado a la organización Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, que a su vez estaría relacionada con la Fundación Cigesar, una clínica de salud sexual y reproductiva en Caseros, partido de Tres de Febrero.
La Justicia santiagueña supo que la menor y su madre estaban en la Clínica Santa María, de Villa Ballester. Durante la mañana del viernes, la policía intentó comunicarse con el centro para que, en caso de realizar un aborto, conservaran una muestra de ADN del feto como prueba en la causa por abuso sexual. La institución se negó a brindar información y rechazó el contacto con el personal policial, según declaró Bridoux.
Ante esta negativa, el juzgado federal de Santiago del Estero solicitó un exhorto al juzgado de turno en San Martín para allanar la clínica. El operativo policial se realizó el sábado por la noche. Al llegar, el director médico negó que la menor estuviera internada, pero se confirmó que la niña se encontraba allí y que había dado a luz el viernes por la tarde. La madre manifestó desconocer si el bebé había sobrevivido al parto.
Durante el allanamiento, se hallaron ocho fetos en distintas etapas de desarrollo, desmembrados y guardados en bolsas. Tres de ellos corresponden al tamaño y edad gestacional de la menor. “Hay ocho fetos y no sabemos cuál es el de la niña”, indicó el fiscal. Explicó que podrían haberse dado dos situaciones: un aborto o un parto inducido. “Si la autopsia revela que los pulmones respiraron, no estaríamos ante un aborto sino frente a un homicidio”, advirtió Bridoux.
El fiscal añadió que, aunque existen formularios y el consentimiento materno para interrumpir un embarazo, esto no puede ni debe obviar una investigación penal en curso. Además, si el bebé nació con vida y fue dado por muerto, podría tratarse de un caso de trata de personas.
Bridoux también lamentó la pérdida de una prueba fundamental de ADN para cotejar en la causa de abuso sexual debido al mal manejo de los restos fetales y reiteró que “no actuaron conforme a derecho”.
El fiscal manifestó que la niña fue retirada de su jurisdicción natural, y señaló que el procedimiento en la clandestinidad hace imposible confiar en la buena fe. Incluso, mencionó la hipótesis de que uno de los prófugos haya intervenido para destruir evidencia genética.
Actualmente, la niña y su madre regresaron a Monte Quemado. El fiscal informó que la menor “se encuentra bien, aunque algo asustada”. Por orden judicial, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires realizó un operativo de fiscalización en la clínica, donde solo se hallaron infracciones menores —como humedad en una pared y falta de iluminación—, por lo que el lugar permanece abierto y funcionando con normalidad.
Tres jurisdicciones intervienen en el caso: la Justicia federal de Tres de Febrero investiga un posible delito de trata de personas y el papel de la ONG; la Justicia provincial de San Martín analiza el hallazgo de los fetos; y la Justicia de Santiago
